Comercio y aprobaciones

Más de 85 instituciones científicas europeas defienden la edición genética en agricultura

El pasado mes de julio el Tribunal de Justicia europeo tomó una de las decisiones más polémicas de los últimos años: considerar todo organismo obtenido mediante mutagénesis (incluidas las nuevas técnicas CRISPR) como organismos modificados genéticamente(OMGs), sometiéndolos por tanto a la actual Directiva europea de transgénicos. Nada más conocerse la noticia, más de 60 organizaciones europeas, incluidos centros de investigación públicos y privados, universidades, academias, institutos técnicos, organizaciones agrícolas profesionales y líderes científicos de diferentes países, demandaron una iniciativa para que la Unión Europea esté a la vanguardia en edición genómica.

Ahora, se ha lanzado un documento de posición respaldado por científicos líderes de 85 centros e instituciones europeos de investigación haciendo un llamamiento urgente a los políticos europeos para salvaguardar la innovación vegetal. Los científicos muestran su profunda preocupación por la polémica sentencia, una decisión que podría llevar a una prohibición de facto de las técnicas CRISPR. Según el documento, los agricultores europeos podrían verse privados de una nueva generación de variedades de cultivos más resistentes y nutritivos, necesarios para responder a los desafíos medioambientales y sociales.

Esta declaración, que se suma a la de innumerables centros de investigación europeos que han publicado en sus portales digitales, refleja el sólido consenso entre la comunidad científica europea sobre las consecuencias negativas de esta decisión.Para salvaguardar la innovación en la agricultura europea, los firmantes piden un nuevo marco regulatorio que evalúe nuevas variedades de cultivos basadas en la ciencia. Hace unas semanas era la Asociación Europea de Semillas (ESA) la que exigía  en Madrid que la Unión Europea regulara los productos por sus características y no por las técnicas de obtención, ya que “científicamente no tiene ningún sentido” la decisión del Tribunal de Justicia europeo, que deja a los agricultores, procesadores, comerciantes y consumidores en una situación de desventaja competitiva frente a los de otras regiones. 


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